-La entidad financiera se habría quedado
con más de $20.000 millones provenientes de una fundación alemana. Recursos que
debían destinarse desde el año 2004
a “proyectos de innovación”, y que, según los afectados,
el banco nunca entregó a las personas beneficiarias.
-Gobierno actual y anterior, además del
Ministerio Público le habrían bajado el perfil al asunto, no concluyendo las
investigaciones del caso. El partido Democracia Cristiana (DC) también estaría
implicado, por ser intermediario de estos fondos.
-Las copias originales de algunas
transacciones fueron enviadas a nuestro medio, y que al parecer el banco niega
para no levantar sospecha, pues nosotros como medio consultamos por la denuncia
y no obtuvimos respuesta. Hermetismo que los afectados acusan desde ya varios
años.
Por Gabriel Angulo
Creditazos. De marzo, de
invierno, de verano, diciochero. En fin, se aprovechan de la necesidad de la
gente para ofrecen créditos con tazas de interés altas.
Así trabaja Banco Estado. Misma
entidad financiera que con la imagen del “Pato amarillo”, también juega con las
expectativas de las personas que desean efectuar algún tipo de emprendimiento y
lograr independencia.
De acuerdo con información que de
forma exclusiva nos hicieron llegar, este banco estaría involucrado en una
estafa de proporciones y que afectaría a más de tres mil personas.
APORTE DE FUNDACIÓN
En el año 2004, la fundación de
Alemania Konrad Adenauer Stiftung, comenzó a enviar envió dinero a Chile para
financiar obras de emprendimiento, a través de un partido político: La Democracia Cristiana
(DC). La colectividad recurrió al Banco Estado para abrir cuentas de terceros y
así recibir los montos que mandaba la
ONG.
Era un concurso público llamado
“Proyecto Innovador”, en el que cualquier ciudadano participaba si tenía una
idea sobresaliente, independiente de su clase social. Una comisión se encargaba
de escoger los proyectos ganadores. Lo curioso es que nunca se entregaron estos
fondos y muchas personas vieron frustrado el sueño de tener su propia empresa.
El motivo: Banco Estado se abría
adjudicado el dinero sin dar cuenta de ello, y la propia fundación no hacía
seguimiento de los fondos, dado que sólo cumplía con mandar la cifra acordada,
según cuentan personas afectadas, y era la DC el partido que realizaba la transacción.
El banco desconoció este
procedimiento, ante los reclamos de los perjudicados. Sin embargo, tal como
adjuntamos como documentos archivos, la empresa emitió vales vista a nombre de
Mireya García, quien figuraba como la única titular para el cobro del dinero de
dichos fondos, que ganaron un grupo de emprendedores, quienes le entregaron un
poder a esta mujer para cobrarlos en representación de ellos.
LOS IMPLICADOS
Una de las personas que reunía
los antecedentes de los interesados en obtener estos recursos era Oscar Flores,
contador auditor quien tiene seis órdenes de aprehensión vigentes por los
delitos de estafa, apropiación indebida y delitos tributarios, y quien tenía
una nómina de 180 tarjetas disponibles, con un valor individual de $150
millones cada una.
Es decir, serían más de $20 mil
millones, sólo, a través de esta persona, dado que había otras tres encargadas
de conseguir firmas de interesados para llevar esa base de datos al banco, que
gracias a eso, solicitaba los recursos, quedándose con parte del botín.
Las copias originales de algunas
transacciones fueron enviadas a nuestro medio, y que al parecer el banco niega
para no levantar sospecha, pues nosotros como medio consultamos por la denuncia
y no obtuvimos respuesta. Hermetismo que los afectados acusan desde ya varios
años.
Flores, a nombre Mireya García,
-ciudadana común y corriente de Talca, que fue empleada como “palo blanco” por
estos agentes - gestionaba los vales vista que dan cuenta que esta mujer era la
encargada de recibir los fondos de la
ONG extranjera.
El banco le confirió un poder a García,
firmado ante notario, para que “cancele, cobre, y perciba del Banco Estado de
Chile, los cheques y demás documentos de pagos extendidos”, dice el texto del
poder que tuvimos acceso, según correspondiere a los montos que destinaba la
fundación (ver archivos adjuntos). Asimismo, en el banco cada cierto tiempo se
aceptaban o rechazaban nombres para tan sólo continuar en el desarrollo de
postulación de tales beneficios. Incluso, los afectados dicen que Flores y
compañía ordenaban a los inscritos por categorías económicas, según nivel de
ingresos percibidos.
Sergio Vergara, quien tiene dos
órdenes de aprehensión vigentes, era otro de los que reclutaba a gente que
pretendía efectuar emprendimientos con beneficiarios (37 personas en total a su
cargo de los 180 cupos), se percató de
la situación y envió una carta en septiembre de 2008 a la, en su momento,
Presidenta Michelle Bachelet, con la solicitud de que “pueda interceder ante
las Autoridades del Banco Estado, con la finalidad de agilizar el pago de unos
Proyectos Innovadores, ya aprobados por el Ministerio del Interior, que se
encuentra pendiente en la
Gerencia de Informática de la citada entidad bancaria”, dice
la misiva.
En respuesta, le indicaron desde
Gobierno anterior que “hemos solicitado al BANCOESTADO; el estudio de su carta.
De igual modo, le informo que dicha entidad le otorgará una respuesta directa,
en el marco de sus atribuciones y facultades…”, dice el texto. Respuesta que,
según Vergara, nunca llegó y así se mantiene impune la entidad.
Luego, envió solicitudes al
Ministerio del Interior, específicamente, al subsecretario de la cartera,
Patricio Rosende, pero tampoco hubo respuestas. ¿Por qué ocurrió esto?, ¿Por
qué Vergara sí tenía acceso a estos archivos y por qué del Gobierno le
respondían a él y no a los afectados? La única conclusión a la que llegan los
estafados es que Vergara estaba coludido con funcionarios de Interior,
Ministerio Público y el propio banco para silenciar el caso y obtener ganancias
por ello.
En enero del 2011 el jefe de
gabinete del Ministro del Interior, Héctor Herrera, notificó, a través de un
oficio tanto al Ministerio Público como a la institución afectada, de una
denuncia realizada en contra del Banco Estado por irregularidades en
determinados beneficios económicos provenientes desde Alemania. Desde tal fecha
ha existido una nula reacción del conducto regular correspondiente y del fiscal
a cargo de la zona centro norte, Mauricio Vergara Toro.
MODUS OPERANDIS
De este modo, García, Vergara y
Flores, eran los administradores de los fondos ganados por personas con
proyectos de emprendimiento, a quienes se les habría otorgado los poderes
necesarios ante notario. Esto, lo habría exigido Banco Estado.
Juana López– dirigente vecinal,
que representó a Leonardo Leiva , Ariel Díaz,
Cristian Arias, entre otros engañados- denunciaron el caso en la Fiscalía Centro
Norte, recién en enero del año pasado. Si bien la fiscalía solicitó a la Brigada Investigadora
de Delitos Económicos de la PDI,
las diligencias para comprobar el delito de “estafas y otra defraudaciones
contra particulares”, la indagación quedó en eso y luego sobreseída.
En la orden de investigar se
indica que se debe “ubicar y tomar declaración a la denunciante Juana López
Cisterna, a fin de que amplíe y aclare los hechos específicos relatados en su
presentación ante el Ministerio del Interior”. “También he podido averiguar que
existen personas que pagaron para poder postular a estos fondos ya que las
personas antes señaladas les habrían cobrado con la falsa promesa que ganarían
unos de estos fondos de financiamiento”, sostuvo López en declaración que dio a
la PDI.
Asimismo, en el oficio de la PDI se plantea que hay que
“concurrir a dependencias del Banco Estado a fin de determinar la existencia de
los fondos y los trámites relatados por la denunciante ante esta entidad. Tomar
declaración a los funcionarios encargados y a aquellos nombrados en la
denuncia”. Se añade que “se debe ubicar y tomar declaración a las personas
indicadas en el listado acompañado por la denunciante y a aquellas que otorgan
poder a la imputada García Espinoza, según documentos adjuntados a la denuncia”
(ver documentos adjuntos).
Hay tres cartas enviadas por los
afectados en noviembre del 2010 al gerente general del banco, Pablo Piñera, al
senador Francisco Chahuán y al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Esto ayudó al inicio de tal investigación en la Fiscalía Centro
Norte, la que nunca concluyó.
CERO INDAGACIÓN
Diligencias que, al parecer, no
se efectuaron. Los afectados nunca presentaron una querella en tribunales, porque
creían que con la denuncia en Interior, sería suficiente. “Sin duda, nos
equivocamos en creer”, comenta Ariel Díaz, uno de las víctimas del fraude.
Y hasta hoy, no hay novedades en
la causa. Tampoco el Ministerio del Interior continuó indagando el asunto para
establecer responsables.
“Fuimos varias veces a solicitar
una reunión con Pablo Piñera con el objetivo de informarle el asunto. Incluso
dejamos copia de una carta con todos los detalles correspondientes, y nada”,
cuenta Díaz.
En mayo de 2011, la PDI informó que concurrió a
dependencias de la fundación, donde señalaron que no manejaban ninguna
información sobre estos fondos. Incluso, intentaron contactarse con el
representante legal, Winfried Jung, pero no obtuvieron respuesta.
“Dada la declaración efectuada
por la denunciante y la vertida por los afectados, más los documentos y
antecedentes aportados; no se logró establecer la efectividad de los hechos
denunciados”, concluye la
Bicrim en su informe pericial.
Intentamos contactarnos con Banco
Estado y la propia fundación, pero no obtuvimos respuesta de ninguna
institución. El grupo de personas que nos facilitó estos antecedentes, espera
que se aclaren los hechos para evitar un mal uso de sus datos personales. No
descartan analizar una acción judicial contra quienes resulten responsables de
la estafa y así obtener algún tipo de indemnización.
